A partir del 13 de mayo de 2020 estará cumplida la formalización de la salida del país de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Esto en cumplimiento al reglamento del tratado constitutivo de la entidad por lo que el edificio que fue donado por Ecuador para el funcionamiento del organismo regresará a propiedad del Estado. Fuentes de la Cancillería indicaron que el procedimiento se inició con la publicación en el Registro Oficial del Decreto Ejecutivo 915 el 13 de noviembre del 2019. Una vez que el Mandatario firmó el Decreto oficializando la salida de Ecuador, “nuestro país al ser depositario del Tratado Constitutivo de Unasur procedió a notificar a todos los países miembros de la Organización desde el 21 de noviembre pasado”, señaló la Cancillería. De esta manera se han cumplido todos los requerimientos emanados de la firma de los acuerdos constitutivos y finalizará este capítulo que llevó al país a un organismo que está prácticamente desaparecido. Además ocasionó al país un gasto de $43’598.223 que costó la construcción de la estructura que tiene 20.317 metros cuadrados y que se inauguró en diciembre del 2014, durante el apogeo del régimen de Rafael Correa. El canciller José Valencia aseguró en declaraciones a la prensa que el gasto total llegó a $ 60 millones por las obras adicionales. Asimismo el país colaboró con parte del financiamiento del organismo que desde el 2011, ha significado un gasto de alrededor de $ 4 millones hasta el 2018 como parte de un presupuesto que en ese lapso de tiempo superó los $ 50 millones. Al principio conformaron la Unasur 12 países, pero hasta el momento han confirmado su salida Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Perú y Ecuador. Solo se han quedado Bolivia, Venezuela Surinam y Guyana. Una vez cumplidas las formalidades Ecuador tomará posesión del edificio que se encuentra abandonado desde mayo del 2019 sin mayor mantenimiento. Ahora la restitución de la estructura y del predio, ubicado en la parroquia San Antonio de Pichincha, al norte de Quito, está sujeto a dos cláusulas de devolución. La primera ocurrió en 2010, cuando se entregó el terreno para la sede del organismo regional. El acuerdo fue suscrito entre el prefecto de Pichincha de entonces, Gustavo Baroja y Ricardo Patiño, quien era el Canciller. La condición resolutoria del contrato señala que “en caso de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, no destine el inmueble en la construcción y puesta en funcionamiento de Unasur, se revertirá su dominio a favor del Consejo Provincial de Pichincha”. Pero el segundo contrato se realizó al terminar la edificación de la sede de Unasur. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores, Guillaume Long y el secretario de Unasur, Ernesto Samper, firmaron otra escritura de donación. La minuta legalizada en 2016 dice que si los países miembros deciden cambiar la sede de la Secretaría General de Unasur a otro país o terminar el tratado constitutivo, se revertirá su dominio a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores. En julio de 2018, Lenín Moreno, anunció que las instalaciones del edificio servirían como sede de la Universidad de las Nacionalidades Indígenas Amawtay Wasi. Pero el inmueble pasará primero a ser administrado por Inmobiliar mientras se confirma la decisión final sobre el destino de la construcción. El embajador Alejandro Suárez opinó que fue acertada la decisión del Gobierno de salirse de Unasur pues lamentablemente su misión se distorsionó. Esto debido a la contaminación ideológica que se produjo por el denominado socialismo del siglo 21 y que motivó la salida de algunas naciones. Aquello afectó la razón de ser del organismo y aunque formalmente no ha desaparecido, está agonizando ya que no tiene ninguna capacidad operativa ni de convocatoria. “Por eso la imposibilidad de nombrar a otro secretario general luego de que Ernesto Samper cumplió su periodo en marzo del 2017”, enfatizó. (I)
