El Estado mantiene pagos pendientes a proveedores por alrededor de $ 190 millones, correspondientes a obligaciones de 2019, y $ 300 millones de 2020. El 60% del valor de pago a proveedores se concentra en los sectores de defensa, salud y educación. Además, el 27% de estos atrasos ocurren con el sector público y el restante con el sector privado. Fabián Carrillo, viceministro de Economía y Finanzas, explicó que el Ejecutivo cuenta con dos modalidades de pago para cumplir con las obligaciones que mantiene con instituciones públicas y privadas, incluyendo a proveedores de entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado (PGE). La primera consiste en el pago e inversión de los recursos cancelados. El proveedor recibe los valores pendientes del Estado y los invierte inmediatamente en títulos valores: bonos del Estado y/o Certificados de Tesorería (Cetes). Según Carrillo, el dinero se transforma en inversión que podría dar un rendimiento y acceso a liquidez a través del mercado de valores. Con esta modalidad, entre noviembre de 2019 a junio de 2020 se colocaron títulos valores por $ 532,5 millones. 76 inversionistas a nivel nacional se acogieron a esta opción, de los cuales el 92% es del sector privado. Entre ellos constan la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca, gobiernos autónomos descentralizados, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. La segunda modalidad es la de dación de pago. El proveedor recibe por los saldos pendientes bonos del Estado y/o Cetes. Esta modalidad también se utilizará para el pago de obligaciones de ejercicios financieros de presupuestos clausurados, sentencias judiciales y laudos ejecutoriados. Para la modalidad de dación en pago inicialmente ya se ha previsto un monto en bonos por $ 500 millones. Este mecanismo podrá utilizarse por un monto máximo equivalente al 3% del PIB, es decir aproximadamente $ 3.000 millones. Las instituciones públicas y privadas, incluyendo proveedores, pueden acogerse de manera voluntaria a una de estas modalidades de pago enviando una solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas. El proceso dura una semana (ver infografía). “La situación fiscal compleja determina que hayamos acumulado algunos valores pendientes de pago con diferentes beneficiarios de recursos del PGE”, dijo Carrillo. Agregó que la aplicación de estos mecanismos permitirá al Estado solucionar prontamente sus obligaciones. Estos títulos son transables en el mercado de valores en cualquier momento para que las entidades obtengan los recursos. Los pueden adquirir instituciones públicas y privadas, incluso ser utilizados por bancos para reservas mínimas de liquidez. También se puede conservar los títulos y cobrar intereses. Estos tienen plazos de 3, 5, 7 y hasta 10 años. Los pagos de las tasas de interés son semestrales y varían entre el 4,5% y 6,7%. (I)
