La pandemia del coronavirus y sus secuelas desnudó en Ecuador la vulnerabilidad que tiene la libertad de expresión cuando intenta aclarar la gestión y las cifras sobre esta emergencia sanitaria, en la que han muerto 23 periodistas contagiados de covid-19.
Esa es una de las conclusiones que se desprenden de un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que entre mañana miércoles y el viernes celebrará su 76 Asamblea General, de manera virtual, por internet, debido a la pandemia.
En un informe sobre la situación de la libertad de expresión en cada uno de los países miembros de la SIP, el capítulo sobre Ecuador señala que «en este período la libertad de prensa estuvo afectada por varios conflictos sobre información publicada en relación a la pandemia».
Recordó que fue el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos el que advirtió sobre la vulneración de la libertad de expresión por parte del Gobierno ecuatoriano, con el pretexto de la emergencia sanitaria.
Tomó como ejemplo una cadena de prensa del propio presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, quien pidió a funcionarios de su Gobierno que «verifiquen y transparenten la información» sobre la covid-19, cuando la situación sanitaria ya era insostenible en la ciudad costera de Guayaquil, foco de la pandemia entre abril y mayo pasado.
En esa época, comenzaron a circular videos y fotografías en las redes sociales de cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil, mientras la población permanecía confinada en sus domicilios.
El vicepresidente de la firma Gráficos Nacional, que edita el diario Extra, Galo Martínez Leisker, dijo que no maquillaría la realidad ante una petición para que no publicara imágenes «fuertes» sobre la pandemia.
El gubernamental Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación había entonces invitado al diario Extra y a medios oficiales a «no desinformar, así como no alarmar a los lectores a través de la publicación de titulares, imágenes o fotografías espectacularizantes o sensacionalistas».
En mayo se registraron manifestaciones de protesta de grupos sociales contra el Gobierno, por la supuesta mala gestión en el manejo de la pandemia y por el recorte de presupuestos para las universidades.
Valentina Encalada y Miguel Canales, fotógrafos de diario Expreso, fueron agredidos mientras cubrían una manifestación convocado por la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, relata el informe de la SIP.
Ese mismo mes, el sitio web de radio La Calle recibió varios comunicados de parte de la Presidencia de la República, en los que se le advertía de que tenía un plazo de 24 horas para eliminar de su sitio todas las imágenes del presidente Moreno, pues de lo contrario el portal corría el riesgo de ser cerrado.
Según un comunicado de entonces de la Presidencia, recogida en el informe de la SIP, las autoridades lo justificaban debido al supuesto mal uso de imágenes del presidente Moreno.
El pasado 24 de julio, el portal La Historia denunció que la Presidencia había intentado dar de baja cinco reportajes de investigación sobre corrupción en el marco de la pandemia.
Marlon Puertas, director del medio, afirmó que esa acción había sido justificada por una presunta violación a los derechos de autor sobre fotografías generadas por la Presidencia de la República.
A principios de agosto, las cuentas de redes sociales del diario La Hora, en la provincia costera de Los Ríos, fueron vulneradas por simpatizantes del presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), el oficialista César Litardo, para colocar información favorable al legislador.
En otros hechos que han afectado la libertad de expresión en Ecuador, el informe de la SIP destacó un atentado sufrido el 31 de mayo por el canal Teleamazonas y el «ciberataque» contra el portal Periodismo de Investigación.
El caso contra el portal digital se dio poco después de haber publicado «La crónica de El Gran Reparto», en la que explicaba los nexos de un exlegislador oficialista preso, Daniel Mendoza, con funcionarios del Gobierno en una trama de supuesta corrupción en hospitales públicos.
El informe de la SIP también refleja la serie de denuncias sobre amenazas a periodistas como consecuencia de informaciones sobre supuesta corrupción, que apuntan contra la familia del expresidente Abdalá Bucaram.
El portal Fundamedios pidió también la protección para el caricaturista Xavier Bonilla «Bonil», debido a las amenazas por imágenes suyas relacionadas con el caso que envolvió a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente. (I)
Fuente:www.larepublica.ec