La Comisión de Fiscalización inició, este 25 de abril, la elaboración del informe sobre el pedido de juicio político en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien enfrenta doce acusaciones relacionadas con incumplimiento de funciones en la adquisición de vacunas, plan de vacunación; nombramientos definitivos a los médicos y trabajadores de la salud; y, la entrega de carnés de discapacidad.
Los plazos sobre la presentación de pruebas de cargo y de descargo, así como la práctica de pruebas de oficio vencieron el 24 de abril, por lo que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña, dispuso al grupo de asesores preparar un informe borrador sobre la sustanciación de la solicitud de juicio.
Peña dijo que a más tardar el miércoles 28 de abril convocaría a los asambleístas integrantes de la Comisión para conocer, debatir y aprobar el proyecto de informe sobre la solicitud de juicio planteada por los asambleístas Ángel Sinmaleza (IND) y Pabel Muñoz (RC).
Los dos asambleístas acusaron a Zevallos de irregularidades en el manejo de cadáveres durante la emergencia sanitaria derivada por el contagio de COVID-19; la aplicación de la Ley Humanitaria en cuanto a la entrega de nombramientos a los profesionales y trabajadores de la salud; desvinculación del personal de la salud durante la pandemia; entrega irregular de carnés de discapacidad; la falta de entrega de equipos de protección al personal de la salud durante la emergencia sanitaria; insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas del coronavirus; no transparentar cifras del número de muertos en exceso durante la emergencia sanitaria; reducción de presupuesto al sector salud; privilegios en la fase de vacunación contra el COVID-19, entre otras acusaciones.
Si bien hay múltiples acusaciones, añadió Peña, serían tres las causales que podrían llevar a una censura al exfuncionario de salud y que tienen relación con irregularidades en la emisión de los carnés para personas con discapacidad; la falta de operatividad y cumplimiento de la Ley Humanitaria para la estabilidad de los servidores de la salud de primera línea en la pandemia; y, la falta de administración y organización en el plan de vacunación contra el COVID-19.
Lamentó que el acusado no haya comparecido ante la Comisión, aunque remitió un documento como prueba de descargo, pero que tras la lectura de lo remitido por el exministro no pudo desvirtuar las causales, y sin querer adelantar criterio, Peña afirmó que habría los argumentos válidos y confiables como para emitir un informe recomendando la censura y llamar al exfuncionario a juicio político.
Indicó que la ausencia del exministro Zevallos limitó a los interpelantes a hacer las preguntas necesarias, pero resaltó que las pruebas de cargo fueron contundentes y las pruebas de descargo presentadas por el acusado no pudieron desvirtuar lo puntualizado por los asambleístas que solicitaron el juicio.
Si el pleno de la Asamblea así lo resuelve, el exfuncionario podría ser censurado y además se recomendaría que todo el expediente vaya a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado para que en el marco de sus competencias profundice las investigaciones y determine las responsabilidades que correspondan, manifestó Peña.
