Con seis leyes aprobadas a última hora, la Asamblea presidida por César Litardo (AP) termina su mandato. La última sesión del Pleno se hará hoy 11 de mayo del 2021 de modo semipresencial.
A los proyectos de la Ley de Economía Circular, las reformas penales contra el contrabando, la violencia sexual digital, la Ley de Tránsito, la creación de la Universidad Bolivariana, aprobados en los últimos 10 días, se sumó ayer (10 de mayo del 2021) la Ley de protección de datos personales. La de Tránsito tomó tres años en ser tramitada.
La aprobación de la Ley de Datos se dio con 118 votos a favor y una abstención. En el texto final se eliminó el derecho al olvido y se hizo una rebaja a las multas planteadas en el proyecto original.
Previamente, el ponente de la ley contra la violencia sexual digital, José Serrano (AP), pidió reconsiderar la votación con la que cuatro días atrás se aprobó este documento. Así, del texto se suprimió el cambio al artículo 178 del COIP sobre la violación a la intimidad.
Serrano sostuvo que el texto ha sido objeto de “comentarios infundados”, pero organismos que defienden la libertad de expresión y activistas consideraron que ese ajuste no es suficiente: la Aedep pidió un veto total al proyecto.
Antes de que estos seis proyectos vayan al Registro Oficial y entren en vigor, deberán ser revisados por el Ejecutivo: tiene 30 días de plazo, lo que se traslapa con el momento de transición que vive el país, pues este viernes 14 se instalará la nueva Asamblea y el 24 de mayo asumirá el poder Guillermo Lasso.
En sus cuatro años de funcionamiento, la Asamblea ha aprobado 74 proyectos de ley, de los cuales 66 ya han ido al Registro Oficial. En el período 2009-2013 se expidieron 64 y 68 en el período 2013-2017.
El exdiputado Ramiro Rivera, y el constitucionalista Jorge Benavides concuerdan en que el problema no es la cantidad de leyes, sino la calidad.
“Frecuentemente la Función Legislativa queda con deuda en la tarea legislativa, es decir, los proyectos caminan lentamente, demoran meses y, a veces, son inútiles; pero lo preocupante es que por el apuro se aprueben proyectos con muy poca responsabilidad”.
Rivera aludió a la reforma a la Ley de Educación Intercultural, que requerirá más de USD 2 000 millones para ser aplicada. También a la reforma penal que ayer fue reconsiderada por el Pleno.
Otras como la Ley de Extinción de Dominio, así como la reforma penal anticorrupción que se hizo el 2019 y una ley para el registro de violadores tuvieron reparos de la Corte Constitucional.
“La calidad del debate no ha sido satisfactoria”, sostiene Benavides. “En particular me llama la atención el tratamiento inadecuado que se hizo respecto de las iniciativas de modificación constitucional; por ejemplo, el caso de la iniciativa ciudadana de reforma constitucional”, dijo.
En total solo 18 de los proyectos aprobados han ido al Registro Oficial, sin veto del Ejecutivo. El Código de la Salud, la reforma a la Ley Legislativa de 2017 y otra Ley Anticorrupción fueron objetadas en su totalidad.
En cuanto a la fiscalización, en sus cuatro años la Asamblea ha destituido a los funcionarios de cinco instituciones: los últimos fueron la exministra María Paula Romo y el expresidente del Cpccs, Christian Cruz, el año pasado. Otros cuatro fueron censurados, entre ellos el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dos meses después de haber renunciado al cargo.
En cuanto a los procesos de depuración, a 72 horas de finalizar su gestión, el Pleno destituyó ayer al asambleísta Fabricio Villamar (ex Creo), por supuestas irregularidades en un carné de discapacidad. “Son causales que rayan en la ridiculez”, dijo. 107 asambleístas votaron a favor de la destitución y cinco se abstuvieron.
Así, tres asambleístas fueron destituidos en este periodo, dos renunciaron y queda pendiente una investigación a Karina Arteaga (AP) por supuestos cobros a sus asesores.
