La noche del martes el presidente de Colombia, Iván Duque, firmó una ley que reglamenta la cadena perpetua para quienes violen o asesinen a menores de edad, la cual fue aprobada el año pasado por el Congreso para endurecer las penas contra este tipo de crímenes.
Esta ley reglamenta la prisión perpetua revisable y reforma el Código Penal, el de Procedimiento Penal y el Penitenciario y Carcelario, para considerar la cadena perpetua como excepcional y únicamente aplicable a modalidades en que el niño, niña o adolescente sea víctima de “homicidio en modalidad dolosa y/o acceso carnal que implica violencia”.
Además, la pena podrá ser revisada en un plazo mínimo de 25 años y reemplazada por una pena temporal no inferior a 50 años, en caso de que se considere la “resocialización” del agresor.
“Estamos dando un paso histórico, hoy estamos marcando un hito en nuestro país”, manifestó Duque durante la firma, según el diario colombiano.
Este medio también habló con varios expertos y políticos locales que se dividen ante la decisión, puesto que para algunos como la senadora Maritza Martínez es “ejemplarizante” y para otros como el senador Rodrigo Lara, esto es una medida de “populismo punitivo” que no tiene mucha eficacia para combatir a este tipo de criminales.
Según Martínez, esto puede hacer que el atacante desista de cometer este delito, pero para Lara es manipular las emociones de la gente frente a este tema para tener beneficios electorales, ya que no hay pruebas de que este tipo de leyes sean o no una solución a esta problemática.
La ley deberá ahora pasar por la Corte Constitucional de Colombia, que se pronunciará en los próximos meses.
El abogado y exlegislador ecuatoriano Henry Cucalón, quien en el pasado apoyó una propuesta que impulsaba aumentar las penas acumulativas en casos execrables como la violación en Ecuador, comenta que en lo social se deben analizar las causas que generan estos delitos y su respuesta normativa, puesto que hay países donde, por ejemplo, existe la pena de muerte, pero continúan los actos de violencia.
Cucalón recuerda que en Colombia esta ley pasó ya por el Congreso y, tomando en cuenta que el proceso de formulación de leyes en ese país es más complejo y con mucho más pasos que en Ecuador, el resultado final es más prolijo.
“Yo soy de los que creen que aparte de los temas sociales hay ciertos delitos que deben sancionarse con la firmeza necesaria, entre los cuales están el tema de los delitos contra la vida y contra la integridad sexual”, apuntó Cucalón, quien agregó que hay que analizar a profundidad el caso colombiano para ver si la solución pasa solamente por temas normativos.