Según la legislación penal ecuatoriana, al existir sobreprecio en el contrato se pudo configurar un caso de peculado. Este delito se castiga con penas de hasta 13 años de cárcel.
En el denominado caso kits alimenticios se comprobó un sobreprecio del 40%, la (SNGR) contrató la compra de 7.000 canastas a USD 150,82 cada una, cuando su precio en el mercado era de USD 86.
A la cabeza de las personas que irán a juicio por este delito está Alexandra Ocles, quién dirigía el SGNR en el momento de la contratación, durante el gobierno de Lenín Moreno.