Esta semana, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Entre los principales aspectos, la ley faculta el uso progresivo de la fuerza a los policías y propone mecanismos legales para protegerlos al combatir a la delincuencia.
Este jueves 27 de enero del 2022, este Diario consultó a expertos en seguridad sobre las implicaciones y alcances de este proyecto de ley. La mayoría coincide que se debe establecer normas claras para evitar violaciones a los derechos humanos y extralimitación de fuerza.
Además, dijo que para evitar que exista un abuso de fuerza, la normativa debe determinar “de forma estricta y clara” las situaciones en las que se debe emplear el arma de fuego y en cuáles no. “Eso impediría excesos o violaciones a los derechos humanos y garantizaría también seguridad a los ciudadanos”, señaló Pérez.
El experto en temas de seguridad, Diego Pontón, cree que “existe el riesgo de que el uniformado use en cualquier circunstancia su arma de dotación y eso puede recaer en una mala práctica policial”. Por eso, propone que se priorice el uso de armas no letales, para no matar al delincuente sino solo neutralizarlo. “Dispararle con un arma de fuego debe ser el último recurso del policía”.
El especialista en estos temas, Gustavo Lalama, también considera que existe la necesidad de mejorar un marco legal que garantice un adecuado uso progresivo de la fuerza por parte de Policía y FF.AA. “Esta normativa permitirá una disuasión de la actitud delictiva violenta, porque ahora el delincuente sabrá que si está armado será reprimido”.
Sin embargo, Lalama menciona la importancia de que esa normativa, propuesta por el Gobierno, establezca límites para que los uniformados no le den un uso indiscriminado a la fuerza.
El proyecto de ley del Ejecutivo propone cinco niveles para el uso progresivo de la fuerza. Menciona que las armas de fuego con munición letal son los últimos recursos y se deben utilizar cuando esté en riesgo la vida de terceras personas o de los propios uniformados.
“El nivel del uso progresivo o racional de la fuerza dependerá de la actuación del presunto infractor, por tanto, el uso progresivo de la fuerza puede iniciarse en cualquier nivel e incrementarse o reducirse gradual o repentinamente”, señala el documento que reposa en el Legislativo.
Los especialistas también coinciden que esa normativa debe establecer como prioridad la capacitación a policías y militares sobre cómo emplear el uso legal de la fuerza.
Por ejemplo, el penalista Mauricio Pacheco sostiene que la capacitación a las fuerzas del orden sobre este tema debe intensificarse. El objetivo es que ellos tengan claro cómo proceder al momento de combatir la delincuencia.
Pontón también considera que los uniformados deben capacitarse sobre cómo usar adecuadamente su arma para que no disparen a matar sino solo para neutralizar al delincuente.