El robo del vehículo tardó menos de 3 minutos. Mariela, quien oculta su apellido por temor a represalias, ingresó brevemente al colegio donde brinda servicio de transporte para el personal administrativo.
Cuando salió del sitio, ubicado en el sur de Guayaquil, no encontró su automotor.
Casi de inmediato recibió una llamada. Los delincuentes le solicitaron USD 1 200 para devolverle el vehículo y no desmantelarlo. Le pidieron también no denunciar ante las autoridades. Esto ocurrió en vísperas de la última Navidad.
De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, el delito de robo de vehículos es el que más creció durante 2021. Ese año se registraron 5 504 coches sustraídos, 20% más respectode2020.Y ligeramente inferior a lo registrado en el año 2019, cuando se contabilizaron 5 653.
Las provincias de Guayas y Pichincha son las más afectadas. En la primera, el incremento en el número de automotores sustraídos fue de 33% y en la segunda, 4%.
El subdirector de Investigación de la Policía Judicial subrogante, Rolando Jácome, explicó que la modalidad más usada en el país es el estruche. Esto es cuando los delincuentes cometen el delito durante la ausencia del propietario que ha dejado parqueado el auto. Usan varias llaves para abrirlo.
“Las estructuras delictivas identifican ciertos vehículos que pueden ser de alta gama o que tengan vulnerabilidades, porque pueden ser fácilmente distribuidos”.
Explicó que las bandas hacen un seguimiento, incluso, en los domicilios de las víctimas en donde constatan que no haya circuitos de seguridad. “Algunos vehículos son enviados hasta mecánicas para ser desmantelados o trasladados a otras provincias, para que sean vendidos a través de estafas”.
En Guayaquil, los sitios de mayor incidencia son los distritos Modelo, Nueva Prosperina, Pascuales y la Florida, en el norte. Y también la zona que abarca el sur de la urbe.
En Quito, en cambio, en las administraciones zonales Quitumbe y Eloy Alfaro, en el sur; Manuela Sáenz, centro; Eugenio Espejo, La Delicia y Calderón, en el norte.
Una banda del Distrito Metropolitano fue desarticulada en julio pasado. Operaba en Pichincha, Manabí, Los Ríos y Tungurahua.
Cuatro personas fueron detenidas. En su poder fueron encontradas tres armas de fuego con sus respectivas municiones y dos vehículos fueron retenidos.
El modus operandi de los delincuentes era, primero, la ubicación de los vehículos en zonas azules o parqueaderos. Usaban controles universales y llaves maestras, denominadas ‘bella’, para abrir los autos y llevárselos. Los vendían en otras ciudades del país.
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 189, el delito de robo se produce cuando se ejerce fuerza en las cosas -en este caso, en los autos. La pena es cárcel de 3 a 5 años.
Este Diario consultó al Municipio capitalino sobre las acciones en materia de seguridad para prevenir este delito, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Hay que recordar que los gobiernos locales no tienen la competencia directa en el tema. Sin embargo, con la Tasa de Seguridad, este año se prevé invertir en ayudas para la Policía como la entrega de motos para el patrullaje.
Según la Policía, en 2021 se desarticularon 48 bandas y hubo 281 detenidos. Se recuperaron 1 711 vehículos a escala nacional. “Nosotros seguimos trabajando en la situación de prevención, investigación y desarticulación de estas estructuras delictivas”, dijo Jácome.
“A mi padre le robaron su auto, lo hallaron y no ha podido aún recuperarlo seis meses después del robo”, se quejó Antonio, de 26 años y quien reside en la Cooperativa Martha Roldós, en Guayaquil.
En la urbe porteña son frecuentes los casos como los de Mariela, en los que se sustraen el vehículo y piden a la misma víctima un monto económico para la devolución. La mayoría de las víctimas no denuncia el caso por temor.
Gustavo Zúñiga, presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, afirmó que en la ciudad se elaboró un plan de patrullaje preventivo. Se usan 31 vehículos municipales con sus respectivos conductores, que movilizan equipos conformados por: Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes metropolitanos.
“Son 31 circuitos que no son fijos sino dinámicos, es decir que se adaptan, cambian o evolucionan, según el comportamiento del delito en las respectivas zonas, de acuerdo con la evaluación de estadísticas levantadas con los datos de llamadas de emergencia y la incidencia en cámaras de vigilancia; buscamos establecer un patrullaje situacional disuasivo”.