El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) está en medio de una crisis institucional que parece no tener salida, al menos al corto plazo.
Hoy por hoy hay cuatro consejeros que fueron destituidos por la Asamblea y que volvieron al cargo con una medida cautelar, una consejera suplente posesionada por el Legislativo y un Superintendente de Bancos que no es reconocido por ese Parlamento.
Todo eso ha ocurrido en menos de un mes. Y mañana será un día decisivo para los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Este 7 de diciembre se realizarán dos audiencias, una en La Concordia y otra en Quito para definir si la acción de protección es favorable o se niega .
Si el fallo es favorable queda en firme la decisión de la medida cautelar y los funcionarios continuarán en funciones. Por otro lado, si el fallo es en contra todavía tienen la oportunidad de llegar a la Corte Provincial de Pichincha y la Corte Constitucional.
A la diligencia en Quito están convocadas autoridades involucradas como el presidente de la Asamblea Virgilio Saquicela y el procurador Carlos Larrea.