El presidente Guillermo Lasso conmina «de manera urgente» a los miembros de la Junta de la Política y Regulación Financiera a que determinen la necesidad de contar, en las contrataciones de seguros del sector público, con empresas reaseguradoras que ostenten una calificación de -al menos- «A».
Esto con el fin de «precautelar de una manera más eficiente y transparente los bienes, servicios y recursos del Estado», dice el presidente Lasso en una carta dirigida a la jefa de la Junta, María Paulina Vela.
«La contratación de seguros y los respectivos reaseguros de los bienes del Estado deben estar libre de corrupción, respondiendo a estándares internacionales de solvencia, transparencia, prudencia y seguridad, de conformidad con la ley», dice el Mandatario en su carta.
Lasso dice que en administraciones pasadas «se estableció un monopolio público de los seguros estatales, a pesar de que resulta ilógico que el Estado sea quien asegure al mismo Estado».
El presidente afirma que hoy en día ese monopolio ha dejado de existir, abriéndose a la competencia dicho mercado, distribuyendo el riesgo en competencia entre las diversas empresas aseguradoras, «lo que lleva a mejores condiciones y primas para las entidades contratantes».
Pero indica que para que este círculo virtuoso de la competencia prospere y sea sostenible, a nivel de reaseguros debe exigirse estándares elevados.
«En este marco, de conformidad con la ley, compete a la Junta de Política y Regulación Financiera la formulación de la política y regulación de seguros en el país y la emisión de las regulaciones correspondientes para las contrataciones de reaseguros».
Lasso le indica a Vela que resulta indispensable que los seguros de las entidades Estatales se encuentren respaldados por reaseguradores que ostenten una calificación de al menos «A» en cualquiera de sus grados: conferida por calificadoras de reaseguros de renombre internacional, por ejemplo, Standard & Poor’s o A.M. Best.