La investigación sobre el presunto financiamiento irregular de la campaña política de Gustavo Petro, quien asumió la Presidencia de Colombia en agosto de 2022, salpica también al exsecretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, prófugo de la justicia ecuatoriana.
Luego que Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario colombiano, reveló ante la Fiscalía de su país que había recibido dinero de un narcotraficante y de empresarios, y que una parte la usó en beneficio propio y otra fue a parar a la campaña presidencial de su padre, la Justicia del país vecino examina las cuentas bancarias que sirvieron para financiar la campaña electoral.
Alvarado fue parte de una terna de asesores extranjeros contratados por el equipo de Petro para apuntalar su campaña política. La polémica comenzó a instalarse porque en el informe de cuentas que debe presentarse ante el órgano electoral no aparece el pago a los consultores externos y tampoco su participación a título de «colaboración», como debió reportarse en caso de que su aporte sea gratuito.
Por ello, reseña el medio colombiano La Silla Vacía, el Ministerio Público y el Consejo Nacional Electoral de ese país investigan las posibles inconsistencias en las cuentas bancarias usadas durante el periodo electoral.
Éste es un nuevo frente que se abre dentro de esta investigación penal que ha sacudido al Gobierno de Petro, quien en pocos días cumplirá un año en el poder, y por la que el hijo del presidente ya enfrenta cargos por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.