La problemática de tierras en Santa Elena alcanza un nuevo nivel con el descubrimiento de múltiples adjudicaciones sobre el mismo terreno destinado a albergar la próxima cárcel de la provincia.
El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) reveló que las 300 hectáreas cedidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para la construcción de la prisión, tenían una adjudicación superpuesta proveniente de terrenos revertidos al Estado por una hipoteca impaga.
Aunque el SNAI legalizó 37 hectáreas a su favor, aún persisten reclamos de comuneros respaldados por la Federación de Comunas Ancestrales de Santa Elena y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
A pesar de esto, el presidente Daniel Noboa anunció el inicio de la construcción en dos semanas, lo que plantea un conflicto latente en torno a la propiedad de la tierra.