Las investigaciones continúan en torno a la balacera ocurrida el lunes 10 de junio en los exteriores del Hospital Pablo Arturo Suárez, en Quito, durante la cual un preso de la cárcel de El Inca logró escapar.
El ataque se produjo mientras el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) trasladaba a tres internos desde la cárcel de El Inca hasta el centro de salud.
En relación con este caso, la Fiscalía investiga a cuatro guías penitenciarios presentes durante el traslado, lo que ha generado el rechazo de la Asociación de Agentes Penitenciarios del Ecuador.
En una rueda de prensa este martes, Paúl Sánchez, representante legal de los servidores penitenciarios, informó que esta mañana se llevó a cabo la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra los cuatro guías. Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los investigados, el juez no aceptó el pedido y ordenó su liberación.
El abogado destacó la falta de garantías para el trabajo de los agentes penitenciarios, mencionando que el chaleco de una guía penitenciaria herida en la balacera «estaba vencido desde el 2021».
Sánchez cuestionó la responsabilidad atribuida a los agentes, argumentando que ellos solo cumplen órdenes y que el SNAI es el encargado de coordinar con la Policía para asegurar el traslado de los presos.
El día del incidente, la Policía informó que no se había solicitado resguardo policial para el traslado de los internos. Ante esto, Sánchez afirmó: «Los agentes penitenciarios únicamente cumplen órdenes. ¿Quiénes son los responsables de eso? El SNAI. Ellos son los que tienen que coordinar con la Policía. Ellos son los que tienen que brindar autos blindados, armamento, chalecos que sirvan».