El Gobierno de Ecuador ha puesto en la mira los contratos colectivos del sector público, señalando un uso «abusivo» de las finanzas estatales y aprovechamiento de acciones de protección y procedimientos administrativos que no están claramente definidos en la ley.
Este enfoque ha permitido a cuatro empresas públicas: Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador, obtener beneficios muy altos, especialmente en sectores en crisis como el eléctrico.
El lunes 1 de julio a las 8:00, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, entregó en la Contraloría General del Estado una petición para realizar exámenes especiales a los contratos colectivos de estas cuatro empresas públicas. La ministra Núñez considera que estos contratos representan un abuso de las finanzas públicas y ofrecen beneficios excesivos a los trabajadores.
El Ministerio de Trabajo solicita la nulidad de estos contratos por incumplimiento de normas constitucionales, mandatos constituyentes y otras leyes del Ordenamiento Jurídico Nacional. Núñez ha pedido al contralor Mauricio Torres que ejerza el control legal y determine las responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal si corresponde.
Núñez también indicó que estos contratos colectivos violan el artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ya que no cuentan con el dictamen obligatorio y vinculante del Ministerio de Economía y Finanzas para sostener económicamente su cumplimiento.
En el caso de la CNT, se utilizó una vía administrativa dentro del Ministerio del Trabajo, a través del Tribunal de Mediación y Arbitraje, y luego en el Tribunal de Arbitraje y Conciliación en el cantón Rocafuerte, Manabí. Esto resultó en una resolución favorable que evade o excluye el dictamen necesario del artículo señalado, según Núñez.