El 9 de julio de 2024, los presidentes del Mercosur centraron sus preocupaciones en el combate al crimen organizado transnacional y urgieron a sus países a crear políticas regionales de seguridad.
En la ‘Declaración presidencial de lucha contra el crimen organizado transnacional’, difundida en Asunción, los mandatarios de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, la canciller argentina y los representantes de los Estados asociados al bloque pidieron «aunar esfuerzos con miras a la integración de políticas regionales afines en materia de seguridad».
Reconocieron que el crimen organizado transnacional representa una amenaza para la seguridad, la paz, la estabilidad democrática y económica de la región. La declaración puntualizó que este es «un problema global que debe ser enfrentado de manera decidida, conjunta, coordinada e ininterrumpida entre los Estados parte y Estados asociados».
Las partes acordaron implementar acciones concretas en materia de seguridad regional y reforzar la cooperación internacional para enfrentar delitos que afectan al medio ambiente, como el tráfico de especies, madera, metales preciosos, la deforestación y sus conexiones con otras modalidades criminales.
Entre los compromisos, se estableció el intercambio de información y experiencias «de manera segura y oportuna» para desarrollar investigaciones, estudios y diagnósticos operacionales y estratégicos sobre la situación del crimen organizado transnacional.