El juez federal que preside el caso de documentos clasificados del expresidente Donald Trump en Florida desestimó la acusación este lunes, poniéndose del lado de los abogados defensores que argumentaron que el fiscal especial que presentó los cargos fue designado ilegalmente.
La decisión de la magistrada de distrito estadounidense, Aileen Cannon, trae una conclusión sorprendente y abrupta a un caso penal que, en el momento de su presentación, era considerado ampliamente como la amenaza legal más grave para el expresidente republicano.
Trump enfrentaba docenas de cargos por delitos graves que lo acusaban de llevarse ilegalmente documentos clasificados a su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y de obstruir los esfuerzos del FBI para recuperarlos.
Los abogados defensores presentaron múltiples impugnaciones del caso, incluida una argumentación jurídica técnica que afirmaba que el fiscal especial Jack Smith había sido designado ilegalmente en virtud de la cláusula de nombramientos de la Constitución, que rige el nombramiento de ciertos cargos gubernamentales, y que su oficina estaba financiada indebidamente por el Departamento de Justicia.
Cannon, cuyo manejo del caso había sido objeto de escrutinio desde antes de que se presentaran los cargos, estuvo de acuerdo y escribió en una orden de 93 páginas: «Los redactores dieron al Congreso un papel fundamental en el nombramiento de funcionarios principales e inferiores. Ese papel no puede ser usurpado por el Poder Ejecutivo ni difundirse en otros lugares, ya sea en este caso o en otro, ya sea en tiempos de mayor necesidad nacional o no».
El equipo de Smith había impugnado enérgicamente el argumento durante las audiencias ante Cannon el mes pasado y le dijo a la juez que incluso si fallaba a favor del equipo de la defensa, la corrección adecuada no sería desestimar todo el caso. Ni el portavoz del equipo de Smith ni el equipo de Trump han comentado por el momento la decisión de la justicia.