El teniente coronel Roberto Santamaría, jefe de la Policía Nacional de Durán, resaltó la necesidad de realizar reformas a la Constitución y leyes del Ecuador para enfrentar con mayor inmediatez al crimen organizado.
Actualmente, para interceptar comunicaciones telefónicas, se requiere autorización de la Fiscalía o jueces, lo que, según Santamaría, retrasa la lucha contra el delito.
Santamaría mencionó que la Constitución ecuatoriana garantiza más derechos que la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que dificulta la implementación de acciones rápidas como el espionaje preventivo, utilizado en otros países.
También destacó que los estados de excepción permiten regular ciertos derechos, como la inviolabilidad del domicilio, pero son necesarias medidas adicionales, como la interceptación telefónica sin demoras burocráticas.
Asimismo, subrayó la importancia de revisar las penas para menores de 18 años que cometen delitos graves, ya que, al cumplir la mayoría de edad, recuperarán su libertad sin haber recibido una sanción adecuada.
Para Santamaría, la solución radica en declarar el conflicto armado interno y en que la Asamblea Nacional promueva nuevas leyes que fortalezcan la lucha contra el crimen.