El presidente de la República, Daniel Noboa, acusó este martes 12 de noviembre al hijo de la vicepresidenta suspendida Verónica Abad de tener presuntamente 7,2 millones de dólares en paraísos fiscales, mientras continúa procesado por la Justicia por presuntamente pedir un pago mensual a un trabajador de la oficina de la Vicepresidencia a cambio de influir en su contratación.
En un mensaje publicado en la red social X donde daba la bienvenida a su nuevo ministro de Gobierno, José De la Gasca, y hacía un recuento de sus primeros once meses de mandato presidencial, Noboa afirmó entre sus méritos está haberse enfrentado a «la canallada dentro del Gobierno».
«Se investigan las cuentas en paraísos fiscales del hijo de la vicepresidenta, son 7,2 millones de dólares», aseveró el mandatario ecuatoriano sin dar mayores detalles sobre el asunto, en medio del enconado enfrentamiento que mantiene con Abad, motivo por el que la envió como embajadora a Israel con la misión de mediar entre israelíes y palestinos.
El mandatario ecuatoriano lanzó esta afirmación después de que Abad fuera suspendida cinco meses por el Ministerio de Trabajo por no haberse trasladado en el plazo establecido a Ankara (Turquía), donde fue reubicada desde Tel Aviv (Israel) por motivos de seguridad.
Seguidamente, en un acto inédito, Noboa designó como vicepresidenta encargada a la secretaria nacional de Planificación, Sariha Moya.
La suspensión le impedirá a Abad en principio asumir las funciones presidenciales de manera temporal cuando a Noboa le toque pedir licencia del cargo para participar en la campaña electoral de las elecciones de 2025 en las que buscará su reelección, conforme contempla la Constitución.
Desde la Administración de Noboa han sido enfáticos en señalar que no querían que la vicepresidenta ejerciese las funciones presidenciales.
El hijo de Abad fue detenido por un presunto caso de corrupción, y llegó a pasar alrededor de tres semanas en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, antes de salir en libertad condicional mediante una fianza de 20 000 dólares.
La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró incluso que habría indicios de la participación de Abad en la presunta comisión del delito de concusión, pero el pleno de la Asamblea Nacional rechazó el pedido de la Justicia para que se le levante la inmunidad a la vicepresidenta y fuera incluida en la investigación.
Abad ha rechazado las acusaciones y las ha atribuido ha señalado a Noboa de liderar un presunto acoso hacia ella para forzarla a dimitir.