El proyecto de reforma constitucional, referente a la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador, continúa tratándose en la Comisión Ocasional de la Asamblea. En la última reunión, recibió criterios y opiniones de los delegados de instituciones del Estado y expertos en seguridad.
La idea es recolectar la mayor cantidad de aportes posibles para el informe para primer debate.
El representante de la Corte Nacional de Justicia, José Terán, destacó la cooperación internacional en materia de seguridad. Señaló que, “según el artículo 416.1 de la Constitución, las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán solo a los intereses del pueblo ecuatoriano”.
Por otro lado, destacó que Tratados y Convenciones, de las que Ecuador es signatario, como la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia (2000), permiten entender a la cooperación como una herramienta que cristaliza los esfuerzos en materia de seguridad y fomenta la lucha contra el crimen organizado.
Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, destacó que si se establecen bases militares extranjeras, el rol de la justicia frente a posibles casos de vulneraciones a Derechos Humanos, será técnico con base en la Constitución y la soberanía nacional.
A su criterio, de aprobarse la reforma, “sería necesario establecer, en el acuerdo de instalación de la base militar extranjera, la jurisdicción y competencia con la que se actuará, pero siempre sobre la base de la normativa ecuatoriana. La Constitución, en sus artículos 424, 425 y 426 la establecen como la norma suprema y de respeto absoluto”.
José Luis Castillo, experto en seguridad y desarrollo, alertó sobre la “imposibilidad humana” que enfrenta actualmente la fuerza pública nacional en el combate contra el crimen organizado transfronterizo».