El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca aumentar el control estatal sobre el sistema bancario privado.
La propuesta, denominada «Ley de administración del sistema monetario y financiero», otorga a la Superintendencia de Bancos, un organismo bajo control gubernamental, amplias facultades para intervenir y regular las instituciones financieras del país.
Entre las medidas más destacadas, el proyecto permite a la Superintendencia anular nombramientos de altos cargos bancarios, incluidos directores, gerentes generales y auditores internos, basándose en criterios que no son detallados en el documento.
Además, la entidad podrá destituir a directivos por infracciones consideradas graves y tendrá la autoridad para fiscalizar cualquier movimiento accionario o aporte de capital, verificando el origen de los fondos involucrados.
Dado que el Congreso está dominado por el partido oficialista, se espera que el proyecto sea aprobado sin mayores obstáculos. Esta iniciativa se suma a una serie de reformas implementadas recientemente por Ortega para fortalecer su control sobre los sectores político, económico y social en Nicaragua.
Desde las protestas de 2018, que resultaron en más de 300 muertes según la ONU, el gobierno de Ortega ha enfrentado sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, acusándolo de violaciones a los derechos humanos y de reprimir a la oposición.
Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007 y ha sido reelegido en comicios cuestionados, continúa afianzando su poder en el país a través de mecanismos legales y económicos que refuerzan el control estatal en áreas estratégicas.