El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó al pleno para este miércoles 5 de mayo a las 10:00, para el trámite del juicio político en contra del exministro de Salud Pública Juan Carlos Zevallos, acusado de incumplimiento de funciones en la adquisición de vacunas contra el COVID-19, el plan de vacunación, entrega de carnés de discapacidad, entre otras razones.
La Comisión de Fiscalización presidida por el asambleísta Elio Peña (PK-BIN) aprobó por unanimidad el informe que recomienda al pleno de la Asamblea Nacional el inicio del juicio político en contra del exfuncionario, con base en nueve acusaciones que se procesaron durante la sustanciación de la solicitud de interpelación planteada por los asambleístas Ángel Sinmaleza (ex-SUMA) y Pabel Muñoz (RC).
Las nueve acusaciones que llevan al exministro Zevallos a enfrentar un juicio político que terminarían en una censura son las siguientes:
- Acciones y omisiones en la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad durante la emergencia sanitaria.
- Ausencia de otorgamiento de equipos de protección personal para los profesionales de la salud.
- Insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas de COVID-19.
- No transparentar cifras del número de muertos en exceso durante la pandemia.
- Extraviar cuerpos de personas fallecidas durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.
- Desvinculación de 2.279 funcionarios de la salud en medio de la pandemia e insuficiente contratación de profesionales de la salud.
- Falta de control sobre las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública y permitir la compra de insumos, equipos y medicinas con sobreprecio en tres hospitales.
- Desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia, como la pentavalente.
- Insuficiente adquisición de vacunas contra COVID-19, alteración del plan de vacunación y vacunar a ciudadanos que no estaban incluidos en la fase 0.
Según el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa reformada, si la Comisión de Fiscalización recomienda el juicio político, se procederá directamente y sin más trámite, donde la sala podrá absolver o censurar al exfuncionario.
Una vez que se instale la sesión convocada para el juicio político en el pleno de la Asamblea, los interpelantes iniciarán su exposición por un lapso de dos horas, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.
Luego, el exfuncionario, por un lapso máximo de tres horas, presentará los alegatos de defensa ante el pleno de la Asamblea sobre las acusaciones imputadas en su contra.
Posteriormente habrá tiempo de una intervención por cada interpelante y el acusado para replicar. Finalizada la intervención del interpelado, se retirará del pleno y el presidente de la Asamblea abrirá el debate en el que se presentará la moción de censura, que para ser aprobada necesitará al menos 91 votos.
El efecto de la censura del funcionario es que no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un lapso de dos años, posteriores a la resolución tomada por la Asamblea, según lo determina el artículo 85 de la Ley de la Función Legislativa.