Las protestas empezaron el 28 de abril por un proyecto de reforma tributaria y no han parado desde entonces.
Tras un mes de protestas, la crisis más delicada de la historia reciente de Colombia sigue sin que se vislumbre una solución para los bloqueos y la inestabilidad política que impiden el normal funcionamiento del país, y mucho menos para problemas crónicos como la pobreza y la desigualdad.
Las manifestaciones contra el presidente Iván Duque, que se propagaron por todo el país en las primeras jornadas, aunque luego perdieron fuerza al tiempo que crecían las acciones vandálicas, dejan al menos 43 muertos, una cifra que varía según la fuente, 129 desaparecidos y cuantiosas pérdidas a la economía, desde empresas hasta campesinos y comerciantes.
Además, esta ola de protestas ha expuesto la falta de liderazgo de las partes no solo para calmar las aguas, sino también para abrir una negociación que conduzca a un acuerdo que tenga en cuenta las demandas de los jóvenes, convertidos en motor de las movilizaciones, y permita retornar a la normalidad a un país ya afectado por la pandemia.
Todo esto ha hecho que Colombia se encuentre en un limbo en el que, por un lado, el Gobierno, que juega con el tiempo a su favor, condiciona la apertura de una negociación al cese de los bloqueos en carreteras y ciudades, mientras que el Comité Nacional de Paro (CNP) se mantiene en sus trece de que la obstrucción de vías es una forma de protesta. Al mismo tiempo surgen dudas sobre la capacidad del CNP para influir sobre un movimiento de masas tan heterogéneo como el que participa en las protestas.
