Las encuestas difundidas antes de las elecciones de febrero pasado mostraron una amplía aceptación de la población a su gestión.
Uno de los países latinoamericanos de los que más se ha hablado últimamente se ha hablado es El Salvador, quien el martes cumplirá dos años de ser gobernado por Nayib Bukele, el presidente millenial que enfrenta una tensa situación por la destitución de los magistrados constitucionalistas y del fiscal general por parte del Congreso, una decisión apoyada por el mandatario y que supone para varios sectores una concentración del poder en su figura.
Bukele llegó al Ejecutivo en junio de 2019 de la mano de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), con lo que rompió con tres décadas de Gobiernos de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).
Parte de los dos años de la Administración de Bukele se vieron marcados principalmente por los constantes enfrentamientos con la pasada legislatura de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), incluso en medio de la pandemia.
En este tiempo una de las acciones de Bukele que fue fuertemente criticada se dio el 9 de enero de 2020, cuando el mandatario ingresó al hemiciclo del Parlamento escoltado por soldados y policías armados con fusiles de asalto.
Los diputados opositores, que en ese momento eran mayoría en el órgano Legislativo, denunciaron un intento de “golpe de Estado”.
Las tensiones no disminuyeron hasta el final de la legislatura 2018-2021, a inicios de mayo, cuando tomó posesión el nuevo Congreso con una amplía mayoría de los partidos afines a Bukele.
Las confrontaciones se trasladaron contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por una serie de fallos que el mandatario criticó porque, a su juicio, le restaban facultades.
El 9 de agosto de 2020, Bukele dijo en una cadena nacional de medios que, “si fuera de verdad un dictador”, hubiese “fusilado” a los magistrados constitucionalista por declarar inconstitucionales los decretos emitidos durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.
