Por el delito de delincuencia organizada son procesados el expresidente Abdalá Bucaram Ortíz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y cinco personas más.
En aplicación al principio de celeridad y debido a que existen personas detenidas y un inminente riesgo de caducidad de la prisión preventiva, Verónica Medina, la nueva jueza del caso en que se investiga el delito de delincuencia organizada contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y cinco personas más, definió para el martes 8 de junio la instalación de evaluación y preparatoria del juicio.
La jueza Medina reemplazó en este proceso a la también jueza penal de Pichincha, María Elena Lara, quien fue recusada por las defensas de Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo. Fue este recurso el que impidió que se instale el 22 y 23 de mayo últimos la audiencia preparatoria de juicio no solo contra ambos, sino también el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, Leandro B., y los ciudadanos Bryan P., Verónica A., Isabel M. y el israelí Sheinman Oren.
Medina advirtió a los sujetos procesales que no se aceptará diferimiento alguno nuevamente. Explicó que en el caso de no comparecer a la audiencia alguno de los abogados defensores de los procesados, la misma se dará con la intervención de la Defensoría Pública. Se ofició a esa entidad para que se designe uno o unos defensores públicos para que comparezcan a la audiencia, que se instalará desde las 08:45 del martes próximo en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
La recusación contra la jueza Lara, la cual obligó a que por tercera ocasión se difiera esta audiencia, llegó debido a que se alegó la causal establecida en el artículo 572, numeral 6, del Código Orgánico Integral Penal, que dice que entre las causas de excusa y recusación de los juzgadores está el “fallar en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella”.
En este caso, la Fiscalía investiga la existencia de un “grupo estructurado para planificar actividades delictivas” en Quito y Guayaquil, entre noviembre del 2019 y agosto del 2020.
Una de las actividades ilícitas cometidas por la integrantes de esta estructura habría sido la obtención de beneficios económicos en el contexto de la comercialización de pruebas para la detección de COVID-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador en 2020.
Una vez que la jueza Medina avocó conocimiento de esta causa conoció que el exagente de la AMT procesado en esta causa, Cléver A. interpuso el recurso de ampliación a la sentencia definida contra él el 15 de abril pasado. En esa fecha la jueza instaló la audiencia para conocer los pedidos de procedimiento abreviado solicitados por los exagentes de la AMT Cléver A. y Samuel S.
