Dentro del caso Las Torres, por el delito de delincuencia organizada son investigadas catorce personas, entre ellas el contralor (s) Pablo Celi.
Pese a que al contralor subrogante, Pablo Celi, se le negó hace ya 25 días la apelación a la orden de prisión preventiva que pesa sobre él como uno de los autores del delito de delincuencia organizada, su defensa plantea nuevamente un recurso para que se le retire la disposición que lo hace permanecer en la Cárcel 4, en el norte de Quito, desde el 14 de abril último.
La revocatoria es la figura que la defensa de Celi interpuso para lograr que al contralor, quien goza de una licencia sin sueldo, se le sustituya la prisión preventiva por cualquier otra de las medidas alternativas disponibles: presentación periódica, prohibición de salida del país, uso del grillete electrónico…
El 13 de mayo pasado, de forma unánime los integrantes del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Byron Guillén, Luis Rivera y Mercedes Caicedo, rechazaron no solo el recurso de apelación a la prisión preventiva de Celi, sino también de su hermano Esteban Celi, del ahora fallecido José Agusto Briones, exsecretario general de la Presidencia, y de su hermano Iván Agusto Briones.
En relación con los hermanos Celi y Agusto Briones, los integrantes del Tribunal señalaron en su resolución oral que sobre los cuatro existiría el peligro de fuga, además de que ellos, por los puestos públicos que ocupan y ocuparon y los recursos económicos que poseerían, podrían ejercer una obstrucción para que se averigüe la verdad en este proceso penal.
La audiencia para resolver la revocatoria pedida por Celi se dará el próximo lunes 14 de junio ante el juez de la causa, Felipe Córdova, de la CNJ. La diligencia está definida para instalarse a las 11:30.
Por el delito de delincuencia organizada que habría ocurrido en la Contraloría General del Estado, la secretaría general de la Presidencia y en la empresa pública Petroecuador son procesadas trece personas. Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, fue parte de la lista de cinco personas vinculadas a la causa. Al momento transcurren los 120 días de instrucción fiscal.
El principio de igualdad será uno de los argumentos que presentará la defensa del contralor Celi, Marcelo Ron, en audiencia. Según él, en el proceso ya existen otros investigados con medidas distintas a la prisión preventiva y todos tienen los mismos derechos. “Por ello, nosotros también creemos que tenemos derecho a que se nos trate con igualdad”.
Ron en audiencia se referiría al traslado a la Cárcel 4 de personas investigadas por crímenes y actos delictivos a las cuales el abogado las cataloga de “peligro” y que ponen en riesgo al contralor Celi.
Entre esas personas estarían los investigados por la muerte de quien fue el líder de Los Choneros, alias Rasquiña; por el asesinato del abogado Harrison Salcedo, quien defendió al expresidente Jorge Glas; y el policía en servicio pasivo que fue detenido luego de que se le hallara con una subametralladora en una sala de audiencias de Manabí donde se realizaba una diligencia contra integrantes de la banda delictiva Los Choneros.
Doce días después de que se confirmó el fallecimiento por supuestamente ahorcamiento del exsecretario José Agusto Briones, el juez nacional Córdova declaró extinto el ejercicio de la acción penal contra el exfuncionario público, consecuentemente, las medidas cautelares que se hayan dictado en su contra quedan también sin efecto.
Por otra parte, pese a que durante la audiencia de vinculación se dispuso que Roy Calero, quien vive en Estados Unidos, se debe presentar una vez cada tres semanas ante el juez de la causa desde el 31 de mayo próximo, la defensa del procesado pide que la presentación pueda darse en el Consulado de Ecuador en Miami, Florida, Estados Unidos. Ante ello, el juez Córdova explicó que sobre el cumplimiento de esta medida cautelar, los sujetos procesales ya debatieron en la respectiva audiencia de vinculación a la instrucción fiscal.
“El suscrito juez (Felipe Córdova) fue enfático al momento de explicar la forma en que debía verificarse su cumplimiento, sin que existan dudas al respecto. (…) Por consiguiente, se dispone a los sujetos procesales ceñirse a lo dispuesto en la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal, llevada a cabo el 17 de mayo de 2021, en cuanto a las medidas cautelares dictadas en contra de los ciudadanos vinculados”, apunta la providencia de Córdova.
