Desde la mañana de este miércoles, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presenta ante el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) las 17 pruebas documentales que mantiene para acusar por el delito de peculado, en el caso denominado Caminito, al exlíder de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) Pablo Romero y a cuatro exfuncionarios de esa institución.
El recuento y el análisis respectivo lo hace Toainga en el segundo día de audiencia de juzgamiento ante los jueces nacionales Marco Rodríguez (ponente), Julio Arrieta y Javier Cordero. En la primera jornada se escucharon los alegatos de apertura de las partes procesales, es decir, lo que los acusadores y acusados intentaron probar en audiencia de juicio y la Fiscalía inició la presentación de su prueba testimonial y pericial.
En la primera jornada, el fiscal general subrogante para afianzar su teoría del caso presentó ocho testigos, entre exfuncionarios de la Contraloría General del Estado (CGE) y de la Senain, así como funcionarios de la Corte Nacional de Justicia. También testificaron un perito documentólogo y una perita contable, quien realizó una pericia que determinó que hubo un perjuicio económico al Estado, ya que no se justificó dicho gasto y se realizó un análisis de memorandos e informes que no tenían firmas de responsabilidad.
Un informe con indicios de responsabilidad penal, de septiembre del 2014, emitido por la CGE dio origen a la investigación en la Fiscalía. El examen especial fue realizado al uso de fondos públicos de gastos permanentes de la Senain, en el período del 1 de junio al 31 de agosto de 2013, fecha en la que se dio la operación denominada Caminito.
En esta operación las autoridades establecieron la inexistencia de documentos de soporte de la operación y la inconsistencia de tales documentos que han sido suministrados para el examen especial.
Las operaciones realizadas por la Senain en el periodo examinado sumaron $ 13,3 millones, de los cuales se destinaron a la operación Caminito $ 110.984. En el análisis se estableció la existencia de pagos por montos de $ 10.000 hasta $ 63.621 para cancelar al informante con el alias ‘el Ruso’, ciudadano español llamado Edward Soler.
“Previo al pago y con el fin supuesto de cumplir con el procedimiento se hizo la solicitud de fondos pertinentes por el monto de $ 63.621 sin que conste un soporte de la supuesta operación itinerario, que no corresponde a la que generó el gasto. Se determinó que el solicitante y beneficiario de ese valor fue Pablo Romero”, señala la resolución de llamado a juicio.