El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, comparezca cada mes ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad para que informe con estadísticas sobre el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica.
Eso ocurrió con 94 votos afirmativos. Según la resolución, también deberá remitir, de manera trimestral, a la misma mesa legislativa, la ejecución de los montos presupuestados para seguridad ciudadana. Además, en la resolución del Pleno se advirtió que la situación de inseguridad que vive el país es una amenaza para el Estado y la paz social. Por eso, los órganos pertinentes tienen la obligación de precautelar la seguridad, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la República.
Asimismo, le exigieron el inmediato cumplimiento, por parte de la Función Ejecutiva, del artículo 10, literal a, de la Ley de Seguridad Pública y del Estado que dispone la preparación del Plan Nacional de Seguridad Integral y propuestas de políticas de seguridad pública.
Carrillo informó en el Pleno sobre las acciones que se han implementado para frenar la inseguridad y muertes violentas en territorio nacional. En ese sentido, el excomandante de la Policía Nacional aseguró que se prevé el ingreso de 30 mil nuevos policías en los próximos tres años y el Gobierno ha definido a la seguridad ciudadana como una política central y prioritaria basada en tres ejes:
1. Seguridad ciudadana con énfasis en la prevención del delito y la violencia.
2. Combate al crimen organizado transnacional y sus delitos conexos.
3. El restablecimiento de un sistema penitenciario que garantice la rehabilitación social de los presos y su reinserción a la sociedad.
Para cumplir esos objetivos –acotó el funcionario- el Gobierno destinará una inversión de USD 1 200 millones en seguridad hasta el año 2025.
Antes de la comparecencia de Carrillo, los legisladores escucharon en el Pleno de la Asamblea la intervención de de Nostorio Ortega, concejal de Durán. Lamentó la realidad violenta que vive ese cantón y exigió al Gobierno la ejecución de planes interinstitucionales que solucionen esta problemática.
Durante el debate, los asambleístas Alexandra Arce y Blasco Luna solicitaron al Gobierno que implemente políticas públicas integrales para disminuir la violencia y evitar que los niños y jóvenes caigan en manos de la delincuencia.
Paola Cabezas advirtió que la reducción presupuestaria en salud, educación y seguridad ahondan esta problemática social. Viviana Veloz indicó que la crisis de seguridad y en el ámbito penitenciario es consecuencia del debilitamiento institucional, el hacinamiento y la falta de programas de rehabilitación.
Geraldine Weber cuestionó la falta de voluntad política para activar protocolos efectivos de rehabilitación y prevención de la delincuencia. Jessica Castillo dijo que se requiere capacitar de forma permanente a los policías para combatir a la delincuencia.
Por las amenazas de organizaciones delictivas, Fernando Villavicencio subrayó la urgencia de dar tratamiento al proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. “La Asamblea no se va a someter a lo que dicen las bandas criminales”.
[Boletín] Pleno resuelve que el Ministro del Interior informe cada mes las acciones para mitigar la violencia ▶️ https://t.co/Y0UfW92cB2 pic.twitter.com/Wpq6a611FT
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) May 19, 2022