El presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 229, ha instaurado un estado de excepción en todo el territorio nacional debido a la grave conmoción interna y la calamidad pública provocada por la crisis energética.
Este decreto otorga al Ministerio de Economía la autoridad para asignar recursos suficientes para abordar la situación, permitiéndole disponer de fondos públicos, con excepción de aquellos destinados a salud y educación.
El objetivo principal de esta medida es garantizar la continuidad del servicio eléctrico a nivel nacional, con una duración de 60 días a partir del 19 de abril.
El Gobierno justifica este plazo como necesario para superar la crisis y lograr una estabilización a corto plazo, considerando que las reservas energéticas en los embalses están disminuyendo y se acercan a niveles críticos para mantener el suministro eléctrico.