El presidente Daniel Noboa Azin planea enviar un nuevo estado de excepción a la Corte Constitucional (CC) para fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar a los grupos narcoterroristas. Este proyecto cuenta con el aval de la Asociación Mundial de Juristas (WJA), que, tras un análisis objetivo, concluyó que se ajusta a la legalidad constitucional.
La WJA, una entidad no gubernamental con estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ha establecido un Comité Internacional para el Seguimiento del Estado de Derecho en Ecuador. Este comité emitió un informe jurídico confirmando que el proyecto de decreto ejecutivo cumple plenamente con la Constitución de la República.
En una rueda de prensa realizada el 27 de junio en Quito, José Francisco Estévez, director del Área Internacional de la WJA, explicó que consideran el estado de excepción una medida de protección del Estado de Derecho. «Hemos constatado que tras las medidas, ha mejorado el nivel de seguridad. Por consiguiente, creemos muy adecuado poder disponer de esa medida», declaró.
Elena Fernández, experta jurista de la WJA en temas de narcotráfico, delincuencia y crimen organizado, enfatizó que la asociación verifica que las decisiones de los Estados se ajusten a las normas fundamentales, afirmando que el proyecto de decreto de estado de excepción «cumple con los parámetros constitucionales y los dictámenes de la Corte».