Tanto el Gobierno como diversas agrupaciones ambientalistas han solicitado a la Corte Constitucional que supervise el cumplimiento de su dictamen, el cual ordena detener la explotación petrolera en el Yasuní ITT dentro de un año, plazo que comenzó a correr desde la publicación de los resultados de la consulta popular el 31 de agosto de 2023.
La Corte deberá convocar una audiencia para escuchar a las partes involucradas. La fecha de esta audiencia dependerá de la urgencia que la Corte considere para el caso. Si la audiencia se instala antes del vencimiento del plazo, la Corte podría emitir una resolución preventiva. Sin embargo, si se realiza después, podría disponer medidas más severas, como la destitución de funcionarios responsables en caso de incumplimiento.
Alexander Barahona, abogado constitucionalista, explicó que cualquier funcionario involucrado en el incumplimiento, desde ministros hasta subsecretarios, podría enfrentar sanciones si la Corte determina que no se han tomado las medidas necesarias para acatar la sentencia.
Aunque el plazo inicial para el cumplimiento de la sentencia finaliza en febrero de 2024, existe la posibilidad de que la Corte amplíe el tiempo solicitado por el Gobierno, aunque esto podría reducir la efectividad del dictamen.
Tanto el Gobierno como los ambientalistas están a la espera de la posición de la Corte Constitucional sobre las acciones adoptadas para cumplir con el mandato popular.