La fiscal general, Diana Salazar, anunció el 19 de agosto que está preparada para enfrentar el juicio político impulsado por el correísmo en la Asamblea Nacional, el cual había sido suspendido debido a un embarazo de riesgo, según lo informado en mayo.
Durante una entrevista en Contacto Directo, Salazar pidió la reactivación del proceso con la autorización médica que le permite retomar sus actividades con normalidad. Afirmó que no existen fundamentos políticos ni jurídicos para censurarla, destacando la firmeza con la que ha actuado la Fiscalía, logrando importantes sentencias.
Además, subrayó que el juicio será un proceso técnico-jurídico, resaltando que la interpelante, Gissela Garzón, no tiene conocimientos legales.
Salazar se mostró confiada en desestimar las pruebas presentadas en su contra y enfatizó que serán los ecuatorianos quienes juzguen la actuación de los legisladores, independientemente de quién esté al mando de la Asamblea.
En su solicitud de reactivación, la fiscal calificó el juicio como un «narcojuicio», término que reiteró, explicando que se refiere a la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas y políticas, como se evidenció en casos como «Metástasis». Señaló a algunos miembros del correísmo, como el prófugo Ronny Aleaga y el exasambleísta Acuña, como ejemplos de esta infiltración.