El juez Édgar Romero impuso el 6 de septiembre una multa de USD 230 diarios a los miembros de la Comisión de Fiscalización por no cumplir con su fallo que ordenaba reactivar tres juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
La sanción será equivalente a la mitad de un salario básico por día hasta que se ejecute la decisión judicial.
La medida se tomó tras un comunicado enviado por Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión, quien señaló que la reactivación de los juicios políticos depende de una sesión legislativa, y que se ajustará a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, Romero consideró que la respuesta fue insuficiente y aplicó la sanción económica.
Esta situación se originó por una acción de protección presentada por la asambleísta oficialista Inés Alarcón, exigiendo que la Comisión retome los juicios contra tres exministros de Lasso: Sebastián Corral (Administración Pública), Pablo Arosemena (Finanzas), y Andrea Montalvo (Senescyt). Además, el juicio político contra la fiscal Diana Salazar, reactivado por el CAL, será el primero en evaluarse.