Al Comité por la Institucionalización Democrática le queda un mes para completar el número de firmas que respalden el llamamiento a consulta popular en la que se pregunte, principalmente, sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).
En noviembre del año pasado, el colectivo presentó más de 200 mil firmas, pero tras el proceso de validación en el Consejo Nacional Electoral (CNE), se aceptaron 106.301 rúbricas y se necesitan 132.620 para que proceda la consulta. Por este motivo se han activado las brigadas para que recojan las 26.319 firmas restantes.
Pablo Dávila, coordinador del Comité, dijo que esperan recolectar cerca de 60 mil firmas en esta segunda etapa y que están tomando las debidas medidas internas, para que los formularios pasen el control del organismo electoral.
“Nosotros mantenemos que la calidad de nuestras firmas siempre fueron buenas. Lo que creemos es que hay mucha discrecionalidad en el proceso de valoración en el CNE. Entonces vamos a optimizar los controles y lo que hemos hecho en estos meses es un control diario de los formularios para estar seguros que no tienen manchas, diferencias en la impresión o en el fotocopiado de los formularios, que las firmas estén dentro de los espacios, que los números estén dentro de los casilleros…”, dijo Dávila.
Con la nueva administración, presidida por Christian Cruz, el Consejo ha reactivado las veedurías ciudadanas, ha convocado a audiencias a organizaciones de distinta índole, ha mantenido acercamientos con la Academia, ha condecorado a quienes considera líderes sociales y en Derechos Humanos
Sin embargo, Rosana Palacios, coordinadora nacional de la UNE (Unión Nacional de Educadores), considera que no son justificativos suficientes como para que se mantenga como institución, por lo que es necesario que desaparezca a través de consulta popular.
De lo contrario, afirmó, con el tiempo y con otras autoridades al frente del organismo puede volverse en un instrumento del Gobierno de turno, como en su momento lo fue de Rafael Correa. “No es en sí quiénes están, sino qué representan dentro de la institucionalidad del Estado. En este momento puede ser que quieran hacer algo, pero es un corto tiempo el que van a estar los actuales funcionarios”, añadió Palacios.
Con una posible eliminación del CPC, el tema fundamental del debate es quién escoge a las autoridades de control como Fiscal, Contralor, Judicatura, entre otras, cuya facultad de designación recae con la normativa vigente en ese organismo.
En la Asamblea está en marcha el proyecto de enmienda constitucional para mantener el CPC, pero sin las atribuciones de designar autoridades, que pasarían a la Legislatura. Edwin Bedoya, dirigente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), respalda la eliminación del Consejo, aunque cuestiona que la capacidad nominadora esté a cargo de la Asamblea.
“Se debería buscar un consenso en el mecanismo de designación para que las autoridades de control sean independientes del Gobierno de turno y de la Asamblea, ya que politizan las designaciones”, manifestó. Agregó que una muestra de esa politización es que no ha habido el interés ni del Gobierno ni de los partidos políticos para impulsar la eliminación del organismo. (I)
Fuente:www.lahora.com.ec