El informe de labores de los titulares de la Fiscalía y Contraloría General, Consejo de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral (CNE), como todos los años, se cumplió como para ‘tachar’ la obligación legal, sin que los legisladores mostraran mayor interés en las exposiciones casi numéricas de los funcionarios.
Cifras, estadísticas, ejes de gestión, planes, cumplimiento, lucha contra la corrupción… todo estaba en las presentaciones de Power Point de los cuatro funcionarios: Diana Salazar, Pablo Celi, María del Carmen Maldonado y Diana Atamaint.
Pero, como para salirse un poco del libreto -menos Atamaint, quien enfrenta un juicio político en la Asamblea y que parecía querer terminar rápido su intervención-, todos reclamaron por la falta de presupuesto, que deriva en la incapacidad de contratar personal y mejorar la infraestructura en servicios judiciales.
Uno a uno se quejaron cómo en el presupuesto general de este año, que no fue aprobado por la Asamblea, en lugar de, por lo menos, mantener el monto de 2019, tiene una reducción.
El presupuesto de la Fiscalía para este año es de 138 millones de dólares, alrededor de 7 millones menos que el año pasado. “Mientras la criminalidad aumenta, nuestra capacidad de reacción se ve mermada”, dijo Salazar. También reclamó por la falta de funcionarios, requieren 541 fiscales más, con sus secretarios y asistentes; así como de autonomía absoluta.
El contralor Pablo Celi, con sus movimientos de manos y mirando a todas las esquinas del salón plenario, dijo que todo lo que han hecho ha sido con un “límite presupuestario escandaloso”. En 2019, el fondo fue de 156 mil dólares. “¿Cómo puede funcionar el Quinto Poder con 93 mil dólares? ¿Se pretende soterrar a la Función de Transparencia?”, cuestionó.
En su intervención retórica, con definiciones de democracia y enfatizando en que no se debe degradar el discurso anticorrupción, dijo que están aplicando un Plan nacional de integridad pública y lucha contra la corrupción, que se emitieron 37 mil sanciones administrativas y civiles, y remitieron 361 casos a la Fiscalía.
Por su parte, María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, expresó su preocupación profunda por un recorte de 19 millones en el presupuesto. “Preocupa, dijo, porque el servicio de Justicia debe ser óptimo y de calidad”. Por lo que planteó, que con reformas legales, se permita contar con recursos de autogestión. Mientras, Atamaint únicamente señaló que el CNE ejecutó el 98,18% del presupuesto.
Las intervenciones duraron entre 30 y 45 minutos. Menos la de Atamaint. Sola, sin la compañía de los consejeros, en 20 minutos pasó rápidamente por algunas de las acciones del CNE en 2019, especialmente en las elecciones seccionales, de las que dijo fue “el proceso electoral más complejo de la historia electoral del país”, porque hubo más de 80 mil candidatos para 11 mil autoridades. A pesar de eso, dijo, fue “un proceso transparente y limpio”.
Pasó por algunas estadísticas y por explicar por los exámenes especiales que tiene abiertos la Contraloría, varios pedidos por el CNE. Finalmente, presentó un video y se retiró. (I)
Fuente:www.lahora.com.ec