Lo hizo oficial mediante Twitter. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que los miembros de las Fuerzas Armadas ayudarán al control de las mafias en los centros carcelarios.
El presidente Moreno informó así la declaratoria de Estado de Excepción en las cárceles del país.
El más reciente caso se refiere a la muerte de un israelí en una celda de la Penitenciaría del Litoral, el sábado pasado.
Estaba detenido por venta de insumos médicos comprados supuestamente a Jacobo Bucaram. Otro interno australiano israelí quedó herido y se recupera en un hospital de Guayaquil.
Precisamente, Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), sostuvo que se trabaja en la mejora de los protocolos de seguridad, la profesionalización y el aumento de los agentes penitenciarios, y la implementación de tecnología en las cárceles.
Moncayo agregó que el director de la Penitenciaría se encontraba con descanso médico desde el 15 de julio por una enfermedad catastrófica. Otro funcionario lo reemplazaba en sus funciones el día de estos hechos.
“Quienes mandan en las prisiones es el sistema penitenciario…(caso israelí) ese proceso se encuentra en manos de la Fiscalía, no quisiera pronunciarme hasta que existan las personas responsables y tenga por seguro que si son agentes de seguridad penitenciario o agentes administrativos serán transparentadas sus conductas”, dijo sobre la presunta participación de funcionarios del sistema carcelario en la muerte del reo, la madrugada del sábado pasado, en la cárcel de Guayaquil.
Las cárceles ya estuvieron en estado de excepción entre mayo y agosto del 2019
QUITO.- Durante su mandato, el presidente, Lenín Moreno, declaró el primer estado de excepción para todos los centros de privación de libertad que integran el Sistema de Rehabilitación Social del país en mayo del año pasado y lo renovó el 15 de julio de ese mismo año.
El motivo de esta declaratoria fue atender las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad y se dispuso la movilización de todas las entidades de la administración pública, en especial, Fuerzas Armadas, Policía, el Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas y Adolescentes Infractores.
Se suspendieron los derechos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, correspondencia, de reunión y otros y se dispuso las requisiciones a las que haya lugar para mantener la seguridad y el orden al interior y exterior de los centros.
“Los últimos acontecimientos de violencia en los centros de privación de la libertad han generado grave conmoción en la sociedad y requieren un fortalecimiento inmediato del sistema de rehabilitación social para precautelar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, señalaba en los considerandos de los Decretos 741 y 823 del año pasado.
Este estado de excepción, con su renovación, terminó el 15 de agosto del 2019.
El Gobierno ya suma dos estados de excepción en el sistema penitenciario y una renovación. (I)
Fuente:www.diariocorreo.com.ec